Sheinbaum promulga paquete de reformas que redefine las reglas judiciales y electorales rumbo a 2028

El gobierno federal cerró este martes un nuevo capítulo de la transformación institucional impulsada desde el Congreso de la Unión. Con la publicación de tres decretos en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), la presidenta Claudia Sheinbaum formalizó cambios que impactarán directamente la integración del Poder Judicial, las reglas de competencia electoral y los mecanismos de control sobre las candidaturas rumbo a los próximos procesos electorales.

Las reformas promulgadas representan uno de los ajustes más relevantes al sistema político mexicano desde la aprobación de la reforma judicial de 2024, al establecer nuevas reglas para la elección de personas juzgadoras, fortalecer los mecanismos de protección frente a la injerencia extranjera y crear filtros preventivos para la postulación de candidaturas.

El primero de los decretos consolida el modelo de elección popular de jueces, magistrados y ministros, definiendo que la elección judicial ordinaria se celebrará el primer domingo de junio de 2028, coincidiendo con los procesos electorales que correspondan en el país.

La reforma establece además nuevas disposiciones para el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que operará con nueve integrantes y podrá sesionar en dos secciones, así como reglas específicas para la integración de los Comités de Evaluación encargados de revisar los perfiles de quienes aspiren a ocupar cargos dentro del Poder Judicial.

Uno de los puntos más relevantes es que todos los cargos judiciales federales y estatales que no fueron renovados durante la elección extraordinaria de 2025 deberán someterse al voto ciudadano en 2028, con lo que concluirá la renovación integral prevista por la reforma constitucional.

En materia electoral, el segundo decreto incorpora una nueva causal de nulidad de elecciones cuando se acredite intervención extranjera con influencia determinante en los resultados de una contienda.

La modificación al artículo 41 constitucional busca dotar de herramientas legales a las autoridades electorales para actuar frente a esquemas de financiamiento externo, campañas de desinformación, manipulación digital o cualquier mecanismo que comprometa la soberanía de los procesos democráticos mexicanos.

Con ello, México se suma a una tendencia internacional orientada a blindar los sistemas electorales frente a fenómenos de injerencia cada vez más sofisticados, particularmente a través de plataformas digitales y redes de influencia transnacionales.

El tercer decreto crea la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), una nueva instancia que permitirá revisar perfiles de aspirantes mediante la colaboración de organismos de inteligencia, procuración de justicia y supervisión financiera.

La Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores participarán en la elaboración de análisis de riesgo que podrán ser entregados a los partidos políticos antes del registro de candidaturas.

Aunque las evaluaciones no tendrán carácter vinculante, la intención es generar mecanismos preventivos que dificulten la postulación de perfiles relacionados con actividades ilícitas o estructuras criminales.

La nueva comisión deberá quedar instalada antes del inicio del proceso electoral federal de 2027.

Con la entrada en vigor de estas reformas, el país inicia la fase de implementación de un nuevo diseño institucional que modificará la forma en que se eligen jueces, se protege la integridad electoral y se evalúan las candidaturas.